Este acuerdo de pesca violaba la legalidad internacional en varios aspectos. Por un lado Marruecos no dispone de capacidad legal para firmar ningún documento relativo al Sáhara Occidental. No puede hacerlo porque no dispone del status de potencia administrativa de este territorio, categoría con la que cuenta España de manera formal, a pesar de que las declaraciones de altos cargos del anterior gobierno, presidido por José Luís Rodríguez Zapatero, le otorgaran este status a Marruecos. Por otro lado, Naciones Unidas considera al Sáhara Occidental como un “territorio no autónomo”. Esta consideración impide la apropiación externa de sus recursos. Además, según una resolución de la Asamblea General de 1991, la explotación y pillaje de recursos marítimos y naturales para satisfacer intereses económicos extranjeros en territorios coloniales y no autónomos, representan una grave amenaza a la integridad y a la prosperidad de dichos territorios.
El desencadenante que provocó que no se renovara el acuerdo de pesca fue un informe del parlamentario liberal finlandés Carl Haglund. Este informe ponía en duda la legalidad del acuerdo por las escasas ventajas que tenía sobre la población autóctona del Sáhara. Dicho informe también recogía la “explotación excesiva de los recursos de pesca” con la que contaban las aguas de Marruecos y el Sáhara.
La votación de la Eurocámara decidió que no se renovara este acuerdo vigente desde hace casi cinco años. Mohamed Sidati, delegado del Frente Polisario en Bruselas, alabó el "compromiso de la Unión Europea con los derechos humanos y el derecho internacional". Por otro lado, la comisaria de Pesca de la UE, María Damanaki, afirmó que apoyar el informe de Carl Haglund manda "un mensaje al Gobierno de Marruecos de que debe comprometerse a hacer reformas en ese sentido".
La presidencia de la Unión Europea ha reconocido la complejidad política que supondrá lograr un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos. El nuevo convenio que se firme hablará sobre los intereses ecológicos y la gestión de los recursos naturales, tal como señala la ministra danesa de Agricultura y Pesca, Mette Gjerskov. Gjerskov también predice que cuando se retome la cuestión de un nuevo convenio, "la discusión será, por supuesto, sobre el Sahara Occidental y qué hacer" en este sentido. Por otro lado, la ministra danesa también afirmó estar a favor de que las flotas pesqueras de muchos de los miembros de la Unión Europea se reduzcan de forma considerable, para lo que asegura que “la reducción no es un objetivo en sí mismo, sino que hace falta tener una explotación de recursos sostenible".
Sin embargo, este no es un tema nuevo, no sólo la Unión Europea ha llevado a cabo injustos acuerdos de pesca con Marruecos desde que ocupó los territorios del Sáhara Occidental en 1975. España, Portugal y la antigua Unión Soviética ya firmaron acuerdos de carácter técnico y comercial con Marruecos. Éstos nunca implicaron ni, por supuesto, ayudaron al reconocimiento de la soberanía del Sáhara Occidental sobre su propio territorio. El Frente Polisario se defendió de estos acuerdos, que dejaban al Sáhara en una clara situación de desventaja, con una piratería que llevaba a cabo amenazas, ataques e incluso asesinatos de los pescadores que faenaban sus aguas. Marruecos puso fin a estas acciones cuando concluyó la construcción del “sexto muro de protección” que impide el acceso al mar de los comandos saharauis. Desde 1987 no se han producido más asaltos pero si una sucesión de denuncias no sólo del Frente Polisario, también de diferentes países, asociaciones y ONG pro-saharauis. Por lo que cabe cuestionarse quién ha tenido el papel de pirata y quién lo ha tenido de víctima en los últimos años.
Montoya Martínez, Juan Antonio
